Cartas a Quito / 9 de junio de 2026

La sociedad ecuatoriana enfrenta un desafío creciente respecto al bienestar de sus adultos mayores, quienes a menudo experimentan carencias económicas o situaciones de desamparo tras años de vida laboral. Aunque la Constitución y la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores establecen un marco de protección prioritaria, la responsabilidad trasciende lo legal para convertirse en un imperativo ético familiar. El Código Civil ecuatoriano estipula que los hijos tienen la obligación de asistir a sus padres cuando estos carecen de medios para subsistir, basándose en el principio de solidaridad intergeneracional. A diferencia de las pensiones alimenticias para menores, no existe una tabla fija para estos casos, por lo que los montos se determinan mediante procesos judiciales que evalúan las necesidades del adulto mayor y la capacidad económica de los descendientes. El abandono de los progenitores es considerado una violación grave de sus derechos fundamentales, lo que puede derivar en consecuencias legales para quienes incumplan con su deber de cuidado. En última instancia, el sistema jurídico busca garantizar la dignidad de este grupo vulnerable, aunque se recalca que el apoyo filial debería nacer del afecto y el respeto mutuo antes que de una imposición judicial.

Este tema es fundamental porque subraya la intersección entre las obligaciones legales de los hijos y la responsabilidad social del Estado para garantizar la dignidad y protección de los adultos mayores en Ecuador.