Padre de famosa cantante argentina es imputado por presunto fraude internacional

Una promesa de inversión en camiones de carga en Estados Unidos derivó en una investigación por presunto fraude internacional que hoy tiene ramificaciones e n Argentina, Panamá, Colombia y Estados Unidos. La causa involucra a Daniel Pérez, padre de la reconocida cantante argentina Natalie Pérez, junto a José Luis Such y otros acusados, quienes son investigados por presunta defraudación, administración fraudulenta y asociación ilícita. La inversión en camiones que nunca habría existido El caso de inversión en camiones de carga en Estados Unidos comenzó con una propuesta que prometía altos retornos para quienes buscaban oportunidades de negocios internacionales. Según la investigación judicial, los acusados ofrecían a los inversores la posibilidad de adquirir camiones usados destinados al mercado de transporte estadounidense. A cambio de la compra de estos vehículos de carga, el esquema prometía ganancias mensuales cercanas a los 3 000 dólares por unidad, una rentabilidad anual aproximada del 12%. La propuesta era presentada como una oportunidad segura dentro del sector logístico y de transporte internacional. Las reuniones con potenciales inversores se realizaban en oficinas de Buenos Aires bajo el nombre comercial Smart Truck–Laurenzano Logística. Los contratos eran firmados digitalmente mediante plataformas reconocidas y contenían supuestos números de identificación vehicular correspondientes a los camiones adquiridos. Sin embargo, de acuerdo con el expediente tramitado ante tribunales federales argentinos, una de las víctimas transfirió más de 309 000 dólares entre noviembre de 2022 y enero de 2023. Cuando solicitó información sobre los vehículos comprados, descubrió que los números de identificación incluidos en los contratos no correspondían a ningún camión existente ni registrable en Estados Unidos. La Justicia argentina revocó el sobreseimiento La investigación por fraude financiero internacional llegó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 32 de Buenos Aires. En octubre de 2025, el tribunal resolvió sobreseer a los imputados al considerar que se trataba de un incumplimiento contractual propio de una controversia civil y no de un delito penal. No obstante, la fiscalía apeló la decisión. Según su planteamiento, el problema no radicaba en el incumplimiento de un contrato válido, sino en que el acuerdo habría sido fraudulento desde su origen, debido a que los camiones ofrecidos nunca habrían existido y la documentación presentada era presuntamente falsa. La apelación prosperó. En febrero de 2026, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires revocó el sobreseimiento y ordenó convocar a declaración indagatoria a los involucrados. Esta instancia constituye el inicio formal de la investigación penal sobre una persona dentro del sistema judicial argentino. Los jueces Pablo Guillermo Lucero y Magdalena Laíño dispusieron la convocatoria de Daniel Pérez, José Luis Such, Martín Fernando Ruiz y Leonardo Rodolfo Butera para que comparezcan ante la justicia. Panamá aparece en la investigación internacional Mientras el proceso judicial avanzaba en Argentina, José Luis Such habría abandonado el país. Según la documentación incorporada al expediente, posteriormente desarrolló en Panamá una nueva operación empresarial denominada Moopri Latam S.A. La compañía fue presentada como una plataforma de inversión vinculada al sector de viajes y turismo. Constituida bajo la legislación panameña, la sociedad operaba desde oficinas declaradas en Ciudad de Panamá y captó recursos de inversionistas de Colombia y Panamá. De acuerdo con los documentos revisados por las autoridades, Such figura como presidente y secretario de la empresa utilizando un pasaporte argentino. Los denunciantes sostienen que la propuesta replicaba elementos observados en el esquema anterior: promesas de rentabilidad garantizada, documentación corporativa aparentemente sólida y posteriores dificultades para recuperar los fondos invertidos. Denuncias en Panamá y acciones legales en Estados Unidos Las víctimas de Moopri Latam presentaron denuncias ante las autoridades judiciales panameñas después de que, según sus versiones, los responsables dejaran de responder comunicaciones y no efectuaran la devolución de los recursos comprometidos. Además de las acciones emprendidas en Panamá, algunos afectados impulsan procesos legales relacionados con operaciones que también tendrían conexiones con Estados Unidos. La dimensión transnacional del caso ha generado interés entre los investigadores debido al movimiento de fondos y a la participación de personas en distintos países. Un patrón que preocupa a los denunciantes Lo que más inquieta a los afectados y a sus representantes legales es la similitud entre ambos modelos de negocio. Tanto en el caso de los camiones de carga como en la plataforma de inversiones tu