El riesgo de fracasar de nuevo como país, por Rosana Sosa García y Arturo Araujo Martínez

X: @arturoaraujom El 13 de mayo el gobierno Interino de Venezuela anunció la reestructuración formal de su deuda soberana. El País lleva casi una década en default y ahora tiene sobre la mesa la primera oportunidad real de salir. Los bonos subieron. Los mercados lo leyeron como buena noticia. Y en cierta medida lo es: que el proceso haya comenzado importa. Este proceso tiene dos graves problemas de fondo que no son detalles técnicos ni burocracia financiera. Son el tipo de problemas que convierten un acuerdo firmado en papel mojado, y que cuando se materializan, no los paga ningún fondo de inversión. La pagan Venezuela y los venezolanos más humildes reduciendo sus posibilidades de salir del fondo del pozo en que se encuentran. Resaltamos, en primer lugar, que ninguna institución reconocida e independiente, con un mínimo de prestigio internacionalmente ha verificado el origen lícito de los bonos que se van a canjear, este en sí mismo es todo un tema para despejar. En segundo lugar, no se conoce un canje de deuda creíble legalmente sin la emisión de una licencia que expide la Oficina de Control de Activos Extranjeros, (conocida como OFAC por sus siglas en ingles), agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos encargada de administrar y aplicar sanciones económicas y comerciales a personas, instituciones y países. En el caso venezolano, Esta agencia ha emitido sanciones a lo largo de los años contra más de 150 individuos, empresas y organismos públicos vinculados al gobierno de Venezuela bajo múltiples Órdenes Ejecutivas. Hasta la fecha este organismo no ha dado una licencia de reestructuración de deuda soberana a ningún país, sin un análisis económico-financiero de sostenibilidad de deuda emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que por mandato expreso del régimen que gobierna Venezuela, no participa del proceso de reestructuración. Esta ausencia generará dudas e incomodas preguntas en los mercados internacionales de deuda. Los bonos tienen historia. Y esa historia está en los tribunales internacionales. Hay algo que distingue a la deuda venezolana de cualquier otra reestructuración soberana reciente: una parte de los bonos que hoy circulan en el mercado fue, en algún momento, instrumento de un robo al Estado que ya tiene condena judicial firme. No es opinión. No es narrativa periodística. Son seis sentencias dictadas por jueces federales en los Estados Unidos. Lo que juzgaron esos tribunales fue el mecanismo más escandaloso que produjo el chavismo en el plano financiero: dos Tesoreros Nacionales cobraron sobornos millonarios para que altos jerarcas boli chicos y su red pudieran comprar bonos del Tesoro venezolano pagando bolívares al tipo oficial – artificialmente barato por el control cambiario – y revenderlos en el mercado internacional a la tasa de cambio del mercado libre o paralelo. La diferencia entre un tipo de cambio y otro llegó a superar el escandaloso margen del mil por ciento de ganancias. Cada operación era, en la práctica, extraer divisas del Estado venezolano en favor de un particular cercano o vinculado al gobierno. Y eso ocurrió durante años, con la firma de quienes custodiaban el dinero de todos los venezolanos. Esas sentencias Judiciales no desaparecen porque ahora haya un proceso de reestructuración. Reposan en el registro público de los mismos tribunales de Nueva York que rigen el 87% de los bonos de la República. Si Venezuela hace el canje sin haber determinado cuáles bonos tienen esa historia detrás comprometida, cualquier parte interesada puede impugnarlo ante esos mismos jueces. Y el juez no necesita probar de nuevo que hubo blanqueo: solo tiene que establecer si el proceso ignoró deliberadamente evidencia que era pública, firme y accesible. Un canje impugnado en Nueva York no es un problemalegal manejable. Es el colapso de todo el proceso. A lo anterior se suma que desde julio del año pasado la Unión Europea clasificó a Venezuela como jurisdicción de alto riesgo de blanqueo de capitales. Eso obliga por ley a los bancos europeos a verificar el origen de cualquier activo venezolano antes de procesarlo. Sin esa verificación, la liquidación del canje puede bloquearse en Euroclear, que es la plataforma por la que físicamente se liquidan los pagos de bonos en Europa. Sin el FMI, el número del acuerdo lo pone el que tiene el incentivo equivocado. La reestructuración necesita determinar cuánto puede pagar Venezuela razonablemente. Eso se llama análisis de sostenibilidad de la deuda, y el que lo produce importa tanto como el número en sí. Centerview Partners, es el asesor contratado por el gobierno venezolano y cabe preguntarse ¿para qué intereses trabaja?. Las proyecciones que haga tienen un incentivo natural hacia un optimismo que favorezca los intereses de quienes lo contratan con compromisos de pago con cifras que pueden sobrepasar más de 150-170 millones de dólares.