La prevención no puede seguir esperando al próximo invierno en Ecuador

Ecuador vuelve una vez más con una preocupación de siempre. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró una alerta amarilla en 17 provincias y pidió a los gobiernos locales planes de prevención antes del 23 de junio, ante un fenómeno de El Niño que podría afianzarse hacia diciembre. La medida es razonable y oportuna. El problema no es la decisión, sino la falta de memoria. Cada vez que asoma una amenaza climática se repite el mismo libreto: se declara la alerta, se solicitan planes y se anuncian recursos. Luego, cuando la urgencia cede, los documentos quedan archivados. La propia secretaria, Carolina Lozano, lo reconoció recientemente a este medio: del plan de mitigación de 2023, estimado en 761 millones de dólares, apenas se ejecutaron alrededor de 75 millones. El resto quedó en el papel y no hubo prevención del invierno en Ecuador. La prevención del invierno y ahora del fenómeno de El Niño es una tarea que se posterga, lo cual repercute en pérdidas para la población más vulnerable y se ha convertido en un círculo vicioso. Los hechos confirman que no hay prevención ni una política articulada entre todos los niveles de gobiernos, para trabajar por prioridades y necesidades, y con apoyo en el financiamiento, sobre todo a los municipios pequeños. Solo como ejemplo, a inicios de 2026, un invierno considerado ‘normal’ inundó a más de 15 provincias. Babahoyo, con cerca del 80% de su territorio bajo el agua, demostró que hay zonas que se anegan incluso en temporadas consideradas normales. En Celica, ocho quebradas embauladas vuelven a amenazar a más de 200 familias mientras una obra de 2 millones de dólares sigue sin financiamiento desde 2023. Este último es un municipio pequeño, que apenas tiene un presupuesto anual de 4 millones de dólares, pero que debe responder por una obra que cuesta la mitad de ese presupuesto. Por lo que ocurre cada año, el patrón es el mismo: Ecuador actúa cuando el agua ya está dentro de las casas, no antes. Y la prevención, que cuesta menos que la reconstrucción, sigue subordinada a la asistencia humanitaria que llega cuando el daño ya está hecho. Resolver años de obras postergadas en pocos meses es imposible, y la misma autoridad lo admite. Pero sí es momento de cambiar la lógica: priorizar lo ejecutable, vigilar el cumplimiento y rendir cuentas públicas. Que el plazo del 23 de junio no produzca otro plan destinado al olvido. La prevención debe dejar de ser un trámite u obligación, porque lo exige la autoridad, sino una acción de largo plazo , para tener resultados concretos ante las inundaciones, por ejemplo.