Error del MSP ante demanda de anestesista le privó posibilidad de presentar sus testigos en juicio

En paralelo a la batalla política que ha tenido que afrontar la ministra Cristina Lustemberg por el caso Soledad Barrera, su cartera enfrenta otra judicial, generada por Inés Miralles —anestesista condenada por la Justicia a 24 meses de prisión domiciliaria por un delito de homicidio culposo—, que presentó una acción de nulidad contra la inhabilitación que le impuso la propia cartera por la mala praxis cometida, que hoy se tramita en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1° Turno.

El caso terminó de hacerse mediático a partir de que se conoció que, al margen del recurso que Miralles planteó en la vía contenciosa, Lustemberg había decidido —en octubre de 2025— bajarle la sanción de inhabilitación de cinco a tres años, lo que produjo la renuncia de 11 de los 13 integrantes de la Comisión de Salud Pública, que fue el ámbito en donde se analizó el caso —así como las conclusiones de una médica legista del MSP, que evaluó las investigaciones que hizo, por ejemplo, el SMI—, disconformes con la decisión, y una furibunda reacción de la oposición, que ayer volvió a cuestionar a la ministra, además de pedirle nuevas explicaciones (ver más adelante).

Hay un momento en que se cruzan ambos frentes, porque la oposición también ha criticado —y preguntó este martes al respecto, en la sesión de la comisión de Salud Pública del Senado— que la cartera respondiera fuera de plazo a la demanda de Miralles. Esto es relevante porque se trató de un olvido que dejó al MSP en una situación de vulnerabilidad, ya que de acuerdo con el Código de lo Contencioso Administrativo de 2024 "la incomparecencia, el silencio, las respuestas ambiguas o evasivas y la negativa meramente general —que fue a lo que se expuso la cartera— se tendrán como admisión de los hechos alegados en la demanda, en cuanto no resultaren contradichos por la prueba de autos".

Ahora bien, para subsanar este inconveniente, en la fase de presentación de pruebas el MSP propuso la inclusión de testigos —"prueba testimonial"—, pero esto fue recurrido por la defensa de la anestesista, lo cual fue aceptado parcialmente por la jueza Lucía Techera Tealdi, según la sentencia interlocutoria a la que accedió El País.

"Todos los hechos que surgen de la demanda se tienen por ciertos, salvo aquellos que resulten contradichos por los antecedentes administrativos, por lo que no corresponde admitir ningún medio de prueba adicional", estableció la jueza, que también definió: "No se admitirá prueba alguna que tienda a acreditar un hecho controvertible relatado en la demanda, en tanto no fue controvertido por el demandado