Delpiazzo: Defensa tenía intención de que contrato con Cardama no rigiera días antes de surgir garantía falsa

En representación de Delpiazzo Abogados, este lunes comparecieron Carlos y José Miguel Delpiazzo ante la comisión especial bicameral que investiga el proceso de compra de dos patrullas oceánicas, una operación por 82 millones de euros cuyo contrato fue rescindido por el actual gobierno y que actualmente es objeto de diversas instancias judiciales y disputas políticas entre oficialismo y oposición.

Aunque en sus declaraciones no surgieron mayores novedades y, más bien, se trató de una cronología de su asesoramiento al gobierno, los especialistas informaron que el informe que elaboraron en agosto de 2024 sobre la no entrada en vigor del contrato con Cardama —ante la imposibilidad del astillero de constituir las garantías tras meses de intentos— fue, en realidad, un documento solicitado por el propio Ministerio de Defensa. Es decir, por el gobierno. Pocos días después, surgieron tres alternativas de garantías, entre ellas la de Eurocommerce que sería la aceptada finalmente.

El primero en hacer uso de la palabra fue el socio fundador del estudio jurídico (Carlos) que relató que su asesoramiento se decidió por un llamado a concurso y que fue a ellos finalmente a los que se les adjudicó el rol de consultores del Ministerio de Defensa (MDN), en ese momento liderado por el hoy senador Javier García.

En resumen, acotó que su rol de asesoramiento consistió en la preparación del contrato, asistencia para su celebración y los requerimientos posteriores, como por ejemplo, los vinculados a las garantías que debía presentar la empresa constructora.

Luego fue el turno de José Miguel Delpiazzo, socio de la firma que trabajó directamente en el caso y mantuvo reuniones durante las negociaciones con autoridades del MDN, de las Fuerzas Armadas y también con representantes de Cardama.

El profesional advirtió que durante el proceso de negociación hubo intención del astillero español de “suprimir” la garantía de fiel cumplimiento (por el 5% del valor del contrato), pero al exigirlo la normativa uruguaya (TOCAF) “se le dijo que no”.

“Hubo ciertas mejoras sensibles en cuanto a lo que era la pretensión inicial de Cardama. En esa negociación hubo buena recepción por parte de las autoridades ministeriales y se lograron avances sustanciales en cuanto a lo que era la versión inicialmente pretendida por el astillero”, detalló Delpiazzo, y destacó aspectos favorables alcanzados durante la negociación del contrato, entre ellos que se estableciera la aplicación de la ley uruguaya para dirimir las controversias jurídicas.

Confirmó que los dos interlocutores principales de parte de D