A diez años de la regulación de Uber, ediles presentan proyecto contra los "truchos"; IMM ingresa US$ 2,5 millones anuales

Durante un breve periodo tras su desembarco en Montevideo en 2015, Uber operó sin regulación. Al año siguiente, en un contexto en el que la Gremial del Taxi exigía la prohibición de la empresa, la Intendencia de Montevideo creó una normativa específica para el transporte mediante aplicaciones. El decreto incluye, entre otras disposiciones, el control sobre la cantidad de permisarios y un canon que debe abonarse a la comuna para destinarlo a "mejoras" en la movilidad.

Desde entonces, el conflicto más recurrente entre la empresa y la intendencia ha sido la solicitud de habilitar más permisarios (es decir, personas autorizadas para operar vehículos) en la plataforma. Actualmente hay cerca de 2.000; no obstante, meses atrás surgió un nuevo inconveniente: la presencia de conductores "truchos" en Uber y también en Cabify.

Por este motivo, se presentó en la Junta Departamental un proyecto de decreto que busca combatir esta irregularidad y fortalecer los controles sobre los conductores.

"La Intendencia de Montevideo va a saber, por primera vez, quiénes trabajan en las aplicaciones", afirmó el edil del Partido Nacional, Rafael Seijas, quien presentó la iniciativa con el apoyo del oficialismo.

Seijas explicó que, en el escenario actual, la intendencia permite que cualquier persona que maneje taxi o remís utilice aplicaciones de transporte sin necesidad de un registro específico. El resto de los aspirantes solo puede operar si cuenta con un permiso, pero la comuna ha abierto las inscripciones apenas dos veces desde que se reglamentó Uber, hace una década.

"Buscamos la seguridad del usuario. Hay padres que envían a sus hijos en Uber o Cabify, y queremos que, al utilizar este sistema de transporte, tengan la garantía de que viajan con choferes y vehículos debidamente habilitados", concluyó el edil.

Como antecedente, el proyecto recuerda la denuncia presentada en noviembre pasado por Seijas junto a gremios de conductores de aplicaciones. En aquella oportunidad, presentaron ante la Fiscalía pruebas sobre el funcionamiento de una red de estafas que se aprovechaba de la falta de fiscalización en las plataformas.

Según la denuncia, existían conductores que operaban a través de aplicaciones "sin poseer el permiso requerido ni contar con vehículos habilitados; en varios casos, incluso se alteraba documentación para permitir que personas sin la licencia profesional correspondiente prestaran el servicio".

Tal como lo había informado El País, se utilizaban matrículas de taxi como fachada. El usuario solicitaba un viaje mediante la aplicación, pero al arribar el vehícul